Buenos Aires. — El Poder Judicial argentino dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, que proponía una profunda reforma en la normativa vigente sobre la marina mercante.

Al mismo tiempo, la Cámara Nacional del Trabajo declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del mismo decreto, al considerar que violaban el derecho a huelga protegido por la Constitución Nacional.

El fallo del fuero Contencioso Administrativo Federal responde a una presentación impulsada por empresas navieras argentinas, que argumentaron que la normativa vulneraba derechos laborales, económicos y constitucionales, además de comprometer la competitividad del sector frente a actores extranjeros.

Las entidades demandantes señalaron que la medida generaría un escenario de desventaja operativa y jurídica, especialmente en zonas estratégicas como el puerto de Rosario y el Cordón Industrial, pilares del complejo agroexportador argentino.

El fallo también se fundamentó en la falta de consulta previa por parte del Poder Ejecutivo con los actores involucrados, lo cual el magistrado consideró una obligación constitucional que no fue respetada.

En ese sentido, exhortó al Gobierno nacional a abrir instancias de diálogo con los representantes del sector para consensuar reformas que garanticen tanto la competitividad como la sustentabilidad del transporte marítimo nacional.

En paralelo, la Cámara Nacional del Trabajo dictaminó que los artículos del decreto que limitaban el derecho a huelga eran inconstitucionales, haciendo lugar a una acción de amparo interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT). En consecuencia, también se ordenó la reincorporación de trabajadores despedidos por participar en medidas de fuerza.

Con estos fallos, la Justicia pone en pausa una de las reformas más controvertidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en materia de transporte y relaciones laborales, abriendo la puerta a una revisión integral del esquema regulatorio de la marina mercante argentina.