Santo Domingo, R.D. – El sector de la construcción en República Dominicana cerró el año 2023 con un notable dinamismo, alcanzando la edificación de 38,094 unidades habitacionales, de las cuales un 76% correspondieron a edificios de apartamentos, según datos de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2023, publicada en mayo de 2025 por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Durante ese período también se emitieron 1,531 licencias de construcción, lo que evidencia una alta actividad dentro de un sector clave para la economía nacional.

Sin embargo, el informe destaca que este crecimiento ha venido acompañado de retos significativos en materia ambiental, derivados del consumo intensivo de recursos y de la generación de residuos de construcción.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que solo el 36.24% de las empresas constructoras contaban con permisos ambientales válidos, revelando un bajo nivel de cumplimiento normativo.

Además, apenas el 8.60% de las compañías poseía plantas para el tratamiento de aguas residuales, lo que las obliga a depender de servicios externos con costos adicionales y riesgo de sanciones.

En este contexto, el estudio resalta el papel emergente de las certificaciones ambientales como la ISO 14001, las cuales, aunque requieren inversiones iniciales importantes, representan una ventaja competitiva a mediano y largo plazo por su impacto positivo en la eficiencia de recursos, reducción de desperdicios y cumplimiento regulatorio.

Desde una perspectiva laboral, el concepto de empleo verde aún no ha sido plenamente adoptado por el sector. Solo el 29.34% de las empresas reportó tener empleados dedicados a minimizar su impacto ambiental, lo que subraya la falta de integración de la sostenibilidad como prioridad empresarial.

El informe también señala que el endurecimiento de las regulaciones ambientales está presionando a las empresas constructoras a adaptarse. Esto ha comenzado a impactar directamente los costos laborales y operativos, provocando ajustes en el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV).

A pesar de los desafíos, la ONE concluye que el sector se encuentra en una etapa de transición hacia prácticas más sostenibles y responsables, impulsada por una creciente demanda social, económica y legal de cumplimiento ambiental.