Lima. – El Poder Ejecutivo oficializó mediante el Decreto de Urgencia 004-2025 un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar intervenciones prioritarias en el Puerto del Callao, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa, mitigar riesgos y modernizar la infraestructura logística del principal terminal marítimo del país.
Las acciones contemplan tanto la mejora de terminales portuarios como la desocupación total del área acuática de los amarraderos D y E del Muelle 5 del Terminal Norte Multipropósito, zonas críticas para la operación portuaria en el espacio norte.
Entre las disposiciones más relevantes, se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a encargar obras logísticas no previstas en contratos de concesión, como estudios geológicos, nivelación de terrenos y la habilitación de un área de espera para camiones de 3,6 hectáreas.
La inversión estimada en estas obras asciende a USD 9 millones, y será reembolsada por el Estado según la valoración del Ositran, que también estará a cargo de la supervisión.
De forma excepcional, las intervenciones no requerirán modificación contractual según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1362, lo que permitirá acelerar los procesos y reducir cargas administrativas.
Además, el decreto establece el procedimiento para liberar el área acuática mencionada.
La Autoridad Portuaria Nacional podrá otorgar incentivos especiales a propietarios de embarcaciones empadronadas para su reubicación o disposición final (desguace), proceso que incluye verificación técnica por Dicapi, revisión de permisos por Produce, y elaboración de un padrón oficial por el MTC.
Se contempla también la implementación de un nuevo fondeadero con sistema de anclaje y boyas, definido por la Dicapi, para reubicar embarcaciones pesqueras.
En caso de incumplimiento de plazos, el MTC podrá proceder al retiro forzoso a través de concesionarios o mediante contratación de remolques.
Para financiar estas acciones, se aprueba una modificación presupuestaria de más de USD 3,2 millones a favor de la Autoridad Portuaria Nacional, sin afectar recursos adicionales del Tesoro Público.
El decreto incluye además incentivos fiscales y arancelarios, como deducciones de hasta el 20% en renta neta para donaciones privadas reconocidas por el Ministerio de Cultura, y exoneración de impuestos para el ingreso de bienes vinculados a estas intervenciones.