Santo Domingo, R.D. – El Gobierno destina a través del Presupuesto General del Estado este año 2025, RD$1,484,234.6 millones, asignación que representa el 18.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar social del país.

El presupuesto de 2025 está enfocado en áreas clave como la educación, salud, seguridad y obras de infraestructura.

De esta manera, el gobierno prioriza el bienestar de los ciudadanos y la consolidación de un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Distribución del Gasto: Gasto Corriente (88%): RD$1,305,890.9 millones, Salarios y Remuneraciones: 53.7% del gasto corriente (RD$742,574 millones), Intereses de la Deuda: 21.6% (RD$298,607.2 millones), Transferencias Corrientes: 17.2% (RD$237,746.1 millones) y Prestaciones de Seguridad Social: 6.6% (RD$90,661.6 millones).

Asimismo, Subvenciones a Empresas: 1% (RD$13,500 millones), Gasto de Capital (12%): RD$178,353.7 millones, Inversiones en Activos Fijos: 37.3% del gasto de capital, Construcciones en Proceso: 31.8%, Transferencias de Capital: 29.1%

Principales Asignaciones por Institución: Ministerio de Educación (MINERD): RD$309,832.2 millones, Ministerio de Salud Pública: RD$149,205.3 millones, Ministerio de Interior y Policía: RD$73,631.9 millones, Presidencia de la República: RD$130,068.7 millones, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): RD$67,780.4 millones y el Ministerio de Defensa: RD$63,997 millones.

También está el Ministerio de Hacienda: RD$21,459 millones, Ministerio de Relaciones Exteriores: RD$15,344 millones, Ministerio de Agricultura: RD$18,535 millones y Procuraduría General de la República: RD$11,381 millones.

El presupuesto de 2025 refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo económico y social del país, buscando garantizar el acceso de todos los ciudadanos a servicios básicos y el fortalecimiento de los sectores estratégicos que impulsan el crecimiento de la nación.

Este presupuesto está enmarcado dentro de las políticas de responsabilidad fiscal, con un enfoque hacia la sostenibilidad económica, la mejora de los servicios públicos y la infraestructura, además de seguir los lineamientos establecidos por la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal.