Bogotá, Colombia. – El sector de infraestructura en Colombia se mantiene en estado de alerta ante recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro que podrían impactar significativamente proyectos clave y la participación privada en el desarrollo del país.

Durante abril, el presidente Petro anunció su intención de redirigir los recursos de asignaciones presupuestarias futuras destinados a proyectos viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G) para atender la emergencia sanitaria causada por la fiebre amarilla.

Esta medida ha generado inquietud entre los actores del sector, quienes ya venían manifestando preocupación desde el año pasado por el aplazamiento de cerca de US$ 3.000 millones en el presupuesto de infraestructura.

A esta situación se sumó una nueva declaración el pasado 5 de mayo, cuando el mandatario anunció un proyecto de ley para reformar la administración de los puertos del país, argumentando un aumento del narcotráfico y el contrabando.

“Vamos a cambiar la administración de los puertos para liberarlos del narcotráfico y el contrabando. La violencia que hoy golpea a los puertos de Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla no es casualidad. Durante años, estas infraestructuras estratégicas han sido cooptadas por economías ilegales”, afirmó el presidente Petro durante una reunión con el Consejo de Estado.

Según el mandatario, la iniciativa busca garantizar “seguridad, legalidad y desarrollo para las regiones portuarias” a través de una nueva gestión pública de los puertos. Sin embargo, estas declaraciones han encendido las alarmas entre representantes del sector privado.

“La preocupación es que pueda afectarse la participación privada en los puertos”, advirtió la exviceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez. “El esquema de operación de los puertos bajo los privados ha sido exitoso y debe continuar.