Paraná, Brasil. – Trece años después de iniciarse una disputa legal que amenazaba con paralizar dos de los principales puertos del país, la Justicia Federal ha puesto punto final a una incertidumbre que pendía como una sombra sobre el comercio exterior brasileño.

El Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región (TRF4) revocó la solicitud de sanción que había sido presentada por la Secretaría de Hacienda Federal, la cual buscaba suspender el despacho aduanero —es decir, interrumpir totalmente las operaciones portuarias— en Paranaguá y Antonina debido a supuestos incumplimientos de seguridad detectados hace más de una década.

En su decisión, el juez federal Rodrigo Kravetz fue enfático: paralizar las actividades portuarias en Paraná supondría un verdadero colapso económico.

No solo por el volumen de operaciones, que alcanzó un récord anual de 66,7 millones de toneladas, sino por la cadena de impactos que se derivarían a nivel local, nacional e incluso internacional.

“Considerando la importancia de los puertos de Paraná, la Corte fue categórica al afirmar que la suspensión de actividades causaría un daño inconmensurable y desproporcionado”, explicó Marcus Freitas, director jurídico de Portos do Paraná.

El TRF4 consideró que la medida solicitada era desproporcionada y violatoria del principio de proporcionalidad, ya que afectaría directamente el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

Además, pondría en riesgo el empleo, el pago de salarios, los ingresos fiscales y la continuidad de contratos con proveedores locales, generando un fuerte impacto social.

El tribunal también reconoció los avances significativos de la actual gestión portuaria, que ha corregido casi la totalidad de las irregularidades señaladas hace más de una década.

Según el documento judicial, solo quedan pendientes temas relacionados con acceso y transparencia de la información, los cuales ya están siendo abordados en conjunto con las autoridades competentes.