Santo Domingo, RD. – A medida que se acerca la fecha límite del 15 de mayo para la adopción obligatoria de la facturación electrónica en República Dominicana, las alarmas están encendidas entre los Grandes Contribuyentes Locales (GCL) y los Contribuyentes Medianos.

Hasta la fecha, solo 5,000 de las 13,000 empresas obligadas han iniciado el proceso de implementación de la Ley 32-23, lo que deja a más de 8,000 empresas en la cuerda floja ante posibles sanciones y complicaciones operativas.

Según Patricia Gil y Carolina Yanmoto, gerentes de Facturación y Facilitación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), respectivamente, solo 2,000 contribuyentes están emitiendo facturas electrónicas, mientras que 3,000 más están en proceso de hacerlo.

Esta disparidad plantea un desafío considerable para las empresas que no han comenzado a adaptarse a la nueva normativa.