Madrid.– Puertos del Estado ha celebrado la primera reunión del Observatorio de Impacto del Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU-ETS), una iniciativa estratégica que busca cuantificar las repercusiones de esta normativa sobre el sistema portuario de titularidad estatal, abarcando también servicios de vigilancia y predicción del tráfico.

El Observatorio nace con un doble objetivo: por un lado, respaldar al Estado español en la defensa de sus intereses ante la Comisión Europea; y por otro, complementar los análisis técnicos que el propio organismo europeo lleva a cabo.

“Este nuevo instrumento permitirá avanzar con transparencia y con datos hacia un marco global e igualitario para todos los actores del sector marítimo a nivel mundial”, afirmó Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado.

El estudio será desarrollado por Shipping Business Consultant, en colaboración con el Centro de Innovación del Transporte y Nextport, y se centrará en evaluar los efectos de la normativa EU-ETS en aspectos clave como la generación de emisiones, la fuga de carbono y los posibles cambios o pérdidas de tráfico en los puertos españoles.

Se prevé que los primeros resultados estén disponibles tras el verano. Estos datos serán fundamentales para detectar prácticas evasivas, valorar impactos directos e indirectos y respaldar decisiones estratégicas con miras a la futura revisión de la Directiva europea.

El trabajo del Observatorio se centrará específicamente en el tráfico de contenedores y en el tráfico ro-ro de camiones y semirremolques, modalidades especialmente vulnerables a las posibles desviaciones de rutas ocasionadas por la normativa climática.

El análisis abarcará cuatro de los principales puertos españoles: Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Valencia, todos ellos relevantes tanto por volumen de tráfico como por su papel estratégico en las rutas marítimas internacionales.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de anticipación regulatoria, que busca garantizar que la transición hacia un transporte marítimo más sostenible no afecte la competitividad del sistema portuario español.