Una propuesta para reformar la Ley Aduanera de México ampliaría la capacidad de las autoridades para revisar valores declarados y retener mercancías cuando existan indicios de subvaluación. El objetivo oficial es proteger la recaudación y a los fabricantes nacionales, pero empresas y especialistas anticipan más inspecciones, exigencias documentales y posibles demoras en las fronteras.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del paquete económico de 2027 y ya está en análisis de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Si el Congreso la aprueba, los cambios entrarían en vigor al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Uno de los ajustes más relevantes eliminaría el umbral de subvaluación de 50 % que actualmente limita determinadas retenciones precautorias. La autoridad podría iniciar procedimientos cuando considere que el valor declarado está por debajo del precio de transacción de mercancías idénticas o similares, siempre mediante los métodos de valoración establecidos en la ley.
Otro cambio reduciría de 50 % a 20 % la diferencia de valor utilizada para presumir una infracción en ciertos regímenes donde los impuestos se calculan pero no se pagan de inmediato. Para diferencias inferiores a 20 %, el importador podría recurrir generalmente a un depósito o cuenta de garantía; diferencias mayores exigirían efectivo en más casos.
El gobierno sostiene que la subvaluación reduce la base de impuestos de importación y coloca a productores locales en desventaja. Un legislador mexicano señaló que más de 2.500 operaciones, valoradas en alrededor de 89,6 millones de dólares, actualmente quedan fuera de la retención precautoria por el umbral vigente. Esa cifra ilustra la magnitud que buscan atender.
Para los importadores, el efecto práctico estará en la evidencia. Operaciones entre empresas relacionadas, regalías, materiales aportados por el comprador y ajustes de precios de transferencia podrían recibir mayor atención. Contratos, facturas, comprobantes de pago y metodología de valoración deberán ser coherentes antes de que la carga llegue al punto de revisión.
La industria automotriz advirtió que detener componentes durante una disputa de valor puede afectar producción justo a tiempo. Los almacenes fiscalizados también temen mayor ocupación y costos de almacenamiento si aumentan las retenciones. El riesgo no es solo pagar una diferencia de impuesto: una pieza detenida puede interrumpir una línea completa y alterar entregas posteriores.
La Cámara de Diputados podría votar el proyecto después de que la comisión prepare su dictamen. Hasta entonces, importadores y agentes no deberían tratar los umbrales propuestos como reglas vigentes. La preparación útil consiste en simular operaciones sensibles, identificar documentos faltantes y estimar cuánto capital quedaría inmovilizado si una garantía en efectivo fuera necesaria para liberar la mercancía. La prevención será menos costosa que disputar una retención fronteriza.
Para exportadores de América Latina y el Caribe que utilizan México como mercado o plataforma regional, la reforma exige seguimiento cercano. Todavía es una propuesta y puede cambiar durante el debate legislativo. Aun así, conviene revisar criterios de valoración, documentación y garantías, porque una regla más estricta puede convertir un desacuerdo comercial en una demora logística.
Fuente: FreightWaves.