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Logística

Osiris Ramírez advierte sobre reglamento de la Ley 30-24

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El especialista considera que el proyecto reglamentario introduce figuras, obligaciones y estructuras institucionales que podrían exceder el marco legal vigente y afectar la seguridad jurídica del sector.

El proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley núm. 30-24 ha abierto un importante debate en el ámbito logístico y aduanero de la República Dominicana, al plantear cambios que, según el especialista Dr. Osiris Ramírez Ponce de León, podrían redefinir el funcionamiento del sistema más allá de lo establecido por la legislación vigente.

Durante un análisis técnico, Ramírez Ponce de León sostuvo que el reglamento no se limita a desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley 30-24, sino que incorpora nuevas categorías jurídicas, obligaciones y estructuras institucionales que no están previstas ni en dicha normativa ni en la Ley núm. 168-21 de Aduanas.

Uno de los principales aspectos señalados es la creación de nuevas figuras como el Documento de Operaciones Logísticas (DOL) y la Resolución de Preestablecimiento, instrumentos que tendrían efectos vinculantes pese a no contar con una base legal expresa. A juicio del especialista, esta situación podría representar un exceso en la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, vulnerando principios fundamentales como la reserva de ley y la jerarquía normativa.

Asimismo, advirtió sobre la incorporación de instrumentos técnicos que, aunque son presentados como orientaciones, podrían adquirir carácter obligatorio sin haber sido aprobados mediante el proceso legislativo correspondiente. Esta situación, explicó, generaría incertidumbre jurídica y afectaría la tipicidad administrativa.

En materia institucional, el análisis también cuestiona la propuesta de creación de un Consejo Nacional de Logística con funciones ampliadas y autonomía operativa dentro de la Dirección General de Aduanas (DGA). Según Ramírez Ponce de León, esta estructura no se encuentra contemplada en la Ley 30-24 y podría provocar duplicidad de funciones, conflictos de gobernanza y una reconfiguración institucional distinta a la prevista por la Ley General de Aduanas.

Otro de los puntos abordados corresponde a las redefiniciones aduaneras contenidas en el reglamento, las cuales, según indicó, modifican conceptos esenciales relacionados con la condición de las mercancías, los regímenes aduaneros y las obligaciones documentales de los operadores. En ese sentido, afirmó que la creación de nuevos requisitos documentarios mediante un reglamento podría contravenir el principio de legalidad al imponer obligaciones que únicamente pueden establecerse por ley.

El especialista también expresó preocupación por la posibilidad de que el reglamento amplíe el régimen sancionador o incorpore nuevas infracciones administrativas sin respaldo legal, recordando que cualquier modificación en materia de sanciones debe ser aprobada por el Congreso Nacional para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica.

Desde la perspectiva operativa, Ramírez Ponce de León destacó que la implementación de la Ley 30-24 exigirá un nuevo perfil de los operadores aduaneros y logísticos, con mayores competencias en infraestructura logística, trazabilidad digital, gestión de riesgos e interpretación de normas técnicas.

En ese contexto, señaló que la función de la aduana evoluciona hacia un modelo de inteligencia logística y control sistémico, lo que hace indispensable contar con un marco normativo claro, coherente y alineado con las leyes vigentes.

Como parte de sus recomendaciones, el especialista propuso depurar las nuevas figuras incorporadas en el reglamento, armonizar las definiciones con la Ley 168-21, limitar las funciones del Consejo Nacional de Logística a lo expresamente previsto en la Ley 30-24, garantizar el respeto al principio de tipicidad sancionadora y delimitar con precisión la relación entre los centros logísticos, las zonas francas y los demás regímenes especiales.

Finalmente, Ramírez Ponce de León afirmó que la aspiración de convertir a la República Dominicana en un hub logístico regional solo será posible si el marco regulatorio ofrece simplificación, certeza y seguridad jurídica para todos los actores de la cadena logística, evitando la creación de estructuras paralelas o disposiciones que puedan generar conflictos normativos.