Lima. – El Gobierno del Perú dio un paso clave para garantizar la continuidad operativa y la atracción de futuras inversiones en uno de los principales puertos del país.

A través de un Decreto Supremo refrendado por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se aprobó la Adenda N.° 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani con la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur).

Esta adenda permite la incorporación de nuevas inversiones que estarán a cargo de Tisur, contribuyendo al desarrollo y modernización de la infraestructura portuaria en el sur del país.

Asimismo, contempla la ampliación del plazo de vigencia de la concesión, lo que brinda mayor previsibilidad y confianza para los planes a largo plazo.

El Gobierno de Perú dio un paso fundamental para asegurar futuras inversiones y la operatividad a largo plazo del Terminal Portuario de Matarani.

Mediante un decreto supremo, refrendado por la Presidenta, Dina Boluarte, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sanoval, se aprobó la adenda N°5 del contrato de concesión con la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur) para incluir la ejecución de nuevas inversiones a cargo de esta última, la ampliación del plazo de vigencia de la concesión y la actualización de diversas cláusulas, incluyendo la incorporación de una anticorrupción.

La aprobación del texto es el resultado de un proceso de evaluación conjunta, conforme a lo exigido por la legislación de Asociaciones Público Privadas (APP).

La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) del MTC, como entidad titular, sustentó las modificaciones ante diversas instituciones, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que emitió una opinión favorable después de confirmar que las modificaciones no alteran el cofinanciamiento, las garantías o el equilibrio económico-financiero en detrimento del Estado.

Asimismo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) analizó el proyecto, emitiendo su opinión no vinculante tras un detallado análisis técnico, económico y legal.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Contraloría General de la República (CGR) también fueron parte del proceso