Posorja, Ecuador. – Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de modernización y desarrollo logístico para Ecuador, hoy representa una de las mayores contradicciones en la lucha contra el narcotráfico en América Latina.

El Puerto de Posorja, una terminal de USD 1.200 millones, pensada para ser un muro tecnológico contra el crimen, se ha convertido en una de las principales puertas de salida de cocaína hacia Europa.

Con cámaras de vigilancia, sistemas biométricos, protocolos internacionales y escáneres de última generación, el puerto —concesionado por 50 años al operador global DP World— prometía cambiar el rostro de la seguridad marítima en Ecuador. Sin embargo, la realidad ha superado incluso a las más sombrías proyecciones.

En 2024, las autoridades incautaron 15,4 toneladas de cocaína en el distrito de Posorja, casi el triple que el año anterior. Mientras tanto, los homicidios se multiplicaron por trece, comparado con los cinco años anteriores a la inauguración del puerto.

Lo que fue un tranquilo poblado pesquero, dedicado al camarón y al atún, es hoy un territorio marcado por el miedo, la violencia y la penetración del crimen organizado. Vecinos de la zona afirman que “dos o tres asesinatos por semana ya son parte de la rutina”.

La apertura del puerto en 2019 fue celebrada como un hito para Ecuador.

Su condición de primer puerto de aguas profundas del país atrajo a gigantes del comercio como Maersk, prometiendo aumentar la competitividad, generar empleo y descentralizar las operaciones marítimas de Guayaquil, históricamente afectada por el tráfico de drogas.

Pero en lugar de ser el “antídoto”, Posorja se transformó en un nuevo objetivo para las bandas criminales, que han sabido adaptarse y superar las barreras tecnológicas mediante redes de corrupción, infiltración laboral y complicidad institucional.

Hoy, puertos europeos han comenzado a marcar a Posorja como un origen prioritario de cocaína, lo que afecta directamente la reputación del país en el comercio exterior y genera presiones diplomáticas e institucionales sobre Ecuador.

El caso de Posorja revela que la tecnología por sí sola no es suficiente para contener al narcotráfico si no se acompaña de instituciones sólidas, controles humanos efectivos y voluntad política real.

La corrupción, la falta de vigilancia efectiva y el poder de las mafias han convertido lo que debía ser un modelo de seguridad en un nuevo frente de batalla.

La experiencia de Posorja plantea un desafío urgente para las autoridades ecuatorianas y para los actores internacionales involucrados en el comercio marítimo y la seguridad regional.

Mientras las bandas criminales se modernizan, la respuesta del Estado y de la comunidad portuaria debe ser igual de estratégica, integral y coordinada.