Washington, D.C. – La nueva propuesta de reforma fiscal impulsada por legisladores del Partido Republicano contempla una serie de medidas que impactarían directamente a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, especialmente a los indocumentados, al incluir un nuevo impuesto del 5 % sobre las remesas enviadas al extranjero.

Según el borrador de la legislación, este impuesto podrá ser deducido en la declaración fiscal únicamente por contribuyentes que posean un Número de Seguro Social (SSN).

Sin embargo, la mayoría de inmigrantes indocumentados tributan mediante un Número de Identificación Fiscal (ITIN), lo que les impediría recuperar ese dinero, afectando así a millones de familias que dependen de las remesas.

“Se está utilizando el sistema fiscal como una herramienta más en la lucha contra la inmigración. Es una política que busca restringir por vía económica lo que no se logra con leyes migratorias”, afirmó José Iván Rodríguez-Sánchez, investigador del Centro para EE.UU. y México de la Universidad Rice.

El impacto económico del gravamen sería relativamente bajo para el fisco, según el Comité Conjunto de Tributos, que estima una recaudación de apenas 22.000 millones de dólares en 10 años, pero tendría un efecto desproporcionado sobre comunidades vulnerables.

Además, la propuesta plantea nuevas restricciones al crédito tributario por hijos, excluyendo a más de 4,5 millones de menores ciudadanos estadounidenses en familias de estatus migratorio mixto.

Solo podrán acceder al beneficio aquellos padres con SSN, dejando fuera a quienes usan ITIN. En estados como California y Texas, más de 1,8 millones de niños se verán afectados.

El Instituto de Políticas Fiscales y Económicas (ITEP) advierte que otras disposiciones del proyecto también excluyen a los indocumentados de rebajas fiscales sobre salarios de propinas y horas extras, y créditos de salud del programa ACA (Obamacare).

Estas medidas se suman al reciente acuerdo de intercambio de información entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional, lo que según expertos, podría tener un efecto disuasorio sobre la participación fiscal de inmigrantes que ya contribuyen significativamente.

En 2023, los inmigrantes indocumentados pagaron más de 90.000 millones de dólares en impuestos, pero recibieron beneficios limitados.