Singapur presentó un proyecto de reforma para ampliar la supervisión de su autoridad marítima sobre operadores, infraestructura portuaria y tecnologías emergentes. La propuesta busca establecer requisitos sectoriales de ciberseguridad, permitir la designación de infraestructura de información importante y dar base legal para regular el uso seguro de embarcaciones autónomas, drones y herramientas de inteligencia artificial en operaciones marítimas.
El proyecto fue presentado en primera lectura parlamentaria el 6 de octubre, según la Maritime and Port Authority of Singapore (MPA). Todavía no es una ley vigente: el organismo indicó que el debate en segunda lectura está previsto para noviembre de 2026. La reforma llega cuando el puerto y los servicios que lo sostienen dependen cada vez más de sistemas conectados, operaciones remotas y decisiones apoyadas en datos.
Un marco regulatorio más amplio
La autoridad plantea reunir en un marco integral la licencia y supervisión de distintos servicios marítimos. El texto permitiría emitir instrucciones relacionadas con eficiencia, seguridad, fiabilidad, sostenibilidad ambiental o calidad de servicios regulados, además de apoyar la provisión y mantenimiento de infraestructura portuaria esencial. La propuesta refleja que el funcionamiento de un puerto depende de muchos operadores, no solo de la administración pública o de la terminal principal.
El proyecto también ampliaría la capacidad de respuesta ante embarcaciones abandonadas, naufragios u objetos que obstruyan las aguas de Singapur. La MPA podría actuar en más circunstancias para ordenar o realizar su retiro. Este tipo de facultad procura evitar que una incidencia localizada afecte la navegación, el ambiente marino o la continuidad del puerto.
Ciberseguridad en infraestructura crítica
La propuesta establecería un régimen específico de ciberseguridad para el sector marítimo. La MPA podría designar sistemas como infraestructura de información importante, fijar requisitos y emitir instrucciones de protección. El objetivo declarado es complementar la Cybersecurity Act de 2018 y mejorar la preparación y respuesta ante incidentes. La autoridad no publicó en el comunicado una lista de sistemas que serían designados ni los estándares técnicos que aplicarían a cada operador.
Las terminales, servicios de tráfico, reservas, accesos, equipos automatizados y plataformas documentales pueden depender de redes compartidas. Una interrupción digital podría retrasar la coordinación de buques y carga aunque la infraestructura física permanezca intacta. La ciberseguridad portuaria, por tanto, se relaciona con la continuidad de negocio y la seguridad operacional, además de la protección de información.
Autonomía, drones e inteligencia artificial
La MPA propone actualizar definiciones y disposiciones para incluir nuevas tecnologías marítimas. Las embarcaciones de superficie autónomas, los drones aéreos y la inteligencia artificial aparecen en el proyecto como herramientas con potencial para mejorar seguridad y eficiencia, pero cuyo uso requiere un marco de supervisión. La regulación podría aclarar responsabilidades, requisitos y condiciones para operar en un entorno de navegación congestionado.
La legislación también fortalecería las facultades de investigación: obtener y verificar información, realizar inspecciones cuando sea necesario y abordar la entrega de documentos falsos o la omisión de datos requeridos. El equilibrio será importante. Reglas claras pueden facilitar inversión responsable, mientras requisitos desproporcionados o poco previsibles podrían ralentizar la adopción y elevar costos a operadores pequeños.
Una señal para puertos de todo el mundo
La iniciativa de Singapur merece atención porque los puertos globales comparten proveedores tecnológicos, cadenas de software y sistemas de información. Un incidente en una plataforma externa puede alcanzar varios nodos de la red logística. Por ello, la preparación exige protocolos de notificación, respaldos, ejercicios de recuperación y responsabilidades definidas entre autoridad, terminales, navieras y proveedores digitales.
Para América Latina y el Caribe, donde los niveles de digitalización y recursos varían entre puertos, el proyecto ofrece un caso para debatir estándares mínimos y coordinación regional. Cada jurisdicción deberá adaptar sus reglas al tamaño de sus operaciones y al marco legal existente, sin asumir que el modelo singapurense se traslada directamente.
Qué falta por definir
La reforma está en etapa legislativa. El debate de noviembre permitirá conocer enmiendas, calendario de implementación y detalles de las obligaciones. También habrá que precisar qué sistemas serán clasificados como críticos, cómo se fiscalizará su protección y qué mecanismos tendrán los operadores para cumplir. Hasta que el Parlamento vote y se publiquen reglas complementarias, las medidas anunciadas siguen siendo propuestas.
La dirección general es clara: la resiliencia de un puerto moderno depende tanto de la infraestructura física como de la integridad de sus sistemas digitales. La prueba de la reforma será convertir ese principio en requisitos verificables, proporcionados y aplicables sin interrumpir el comercio que las normas buscan proteger.