Santo Domingo, R.D.– La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró de forma positiva las recientes acciones emprendidas por diversas entidades gubernamentales para combatir el comercio ilícito y la competencia desleal, prácticas que afectan la economía formal, ponen en riesgo la salud de los consumidores y minan la estabilidad del país.
En declaraciones a la prensa, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, expresó que estos operativos representan un paso importante hacia un entorno comercial más justo y transparente.
“En el ranking de factores que afectan la competitividad, presentado cada trimestre por la AIRD, una de las preocupaciones constantes de nuestros asociados es la competencia desleal. Celebramos estos esfuerzos como parte de una estrategia coherente para fortalecer el aparato productivo nacional”, afirmó Pujols.
La AIRD reconoció especialmente las acciones de fiscalización y control llevadas a cabo por la Dirección General de Aduanas (DGA), las cuales responden a irregularidades detectadas en distintos procesos de importación.
“Reiteramos nuestro firme apoyo a estas acciones de la DGA. Esto manda un mensaje claro: quienes ignoren el marco legal vigente, enfrentan las consecuencias”, añadió el dirigente empresarial.
Asimismo, Pujols destacó la labor coordinada del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), Pro Consumidor, y otras instituciones.
Estas entidades han venido realizando operativos preventivos e inspecciones a nivel nacional, como parte de una estrategia integral para proteger el comercio formal, garantizar la inocuidad de los productos y frenar el ingreso de mercancía ilícita al mercado.
La AIRD reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley, la promoción de la formalidad y el fortalecimiento del ecosistema empresarial dominicano, al tiempo que hizo un llamado a la continuidad y profundización de estos operativos como una herramienta clave para preservar la seguridad jurídica y la competitividad del país.