Los operadores de manejo de carga del puerto de Cebu están dispuestos a aplicar por etapas el aumento de 25% que solicitaron para sus tarifas domésticas. La apertura a un esquema escalonado surge después de que cámaras empresariales pidieran reducir el impacto inmediato sobre compañías que ya enfrentan mayores costos. La autoridad portuaria deberá convertir esas posiciones en una recomendación de política durante los próximos días.
La propuesta fue discutida el 29 de septiembre entre la Cebu Port Authority, representantes empresariales y la asociación de operadores PCACHOI. El incremento había sido planteado inicialmente el 14 de agosto y abarcaría servicios de arrastre, estiba, grúas de muelle y otras operaciones relacionadas. Los operadores sostienen que las tarifas actuales ya no cubren adecuadamente salarios, contribuciones obligatorias, inflación y volatilidad del combustible.
El debate se volvió más urgente por un aumento salarial diario de 42 pesos filipinos que entrará en vigor el 14 de octubre en Visayas Central. Para las empresas de manejo portuario, la mano de obra es un componente esencial de la continuidad operacional. Sin embargo, trasladar todo el ajuste a los usuarios de una sola vez puede elevar el costo de distribución y presionar precios en una economía insular que depende del transporte marítimo doméstico.
El sector empresarial pidió una solución que equilibre la sostenibilidad financiera de los operadores con la capacidad de pago de importadores, fabricantes y distribuidores. PCACHOI respondió que considerará una implementación en tramos. Todavía no se han definido porcentajes, fechas ni duración de cada fase. Las cámaras presentarán sus posiciones finales la próxima semana y la administración portuaria preparará una recomendación para su consejo.
La última revisión aprobada en Cebu ocurrió en 2022 y elevó 20% las tarifas domésticas, con exclusiones para ciertos cargos de grúas y estiba. El nuevo planteamiento es general. Los operadores afirman que, incluso con el aumento completo, el manejo de contenedores seguiría siendo más barato que en puertos administrados por la Philippine Ports Authority. En carga general, la comparación cambia según el tipo de terminal utilizado como referencia.
Parte de los recursos adicionales se destinaría a mantener la confiabilidad del servicio, digitalizar procesos y mejorar eficiencia y sostenibilidad. Ese argumento será importante en la evaluación pública: una tarifa mayor tiene más legitimidad cuando está vinculada con inversiones, indicadores y compromisos verificables. Sin esas condiciones, el usuario puede percibirla únicamente como un incremento de costo sin mejora equivalente.
Para los cargadores, el efecto no se limita a la factura del puerto. El manejo de carga se integra en el costo total de cada envío y puede influir en rutas, tamaño de lotes y frecuencia de abastecimiento. Una aplicación gradual facilita ajustar presupuestos y contratos, pero también prolonga el período de cambios tarifarios. Las empresas necesitarán claridad sobre calendarios para evitar diferencias entre cotizaciones y cobros efectivos.
Los puertos del Caribe enfrentan discusiones parecidas cuando salarios, energía y mantenimiento suben más rápido que las tarifas reguladas. El caso de Cebu muestra el valor de una consulta que incorpore operadores y usuarios antes de decidir. También recuerda que la competitividad portuaria no depende de ofrecer el precio más bajo, sino de sostener una relación razonable entre costo, productividad, confiabilidad y calidad de infraestructura.
Si el consejo portuario aprueba la política final, deberá publicarse y solo entrará en vigor después de 15 días. Esa ventana permitirá a los usuarios preparar sus operaciones. El punto decisivo será el diseño de los tramos y los compromisos asociados a la recaudación. Una transición bien explicada puede aliviar el impacto; una implementación ambigua trasladaría incertidumbre a toda la cadena doméstica.
Fuente: PortCalls Asia.