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martes, 20 mayo 2025
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Conexión Ganadera: una nueva estafa sacude la historia financiera de Uruguay

Montevideo. – El caso de Conexión Ganadera ha emergido como uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Uruguay, evocando recuerdos del colapso del sistema financiero de 2002.
Fundada en 1999 por Gustavo Basso y Pablo Carrasco, la empresa prometía inversiones seguras en el sector ganadero, atrayendo a miles de pequeños inversores con retornos atractivos.
Sin embargo, en enero de 2025, la realidad salió a la luz: la firma enfrentaba un déficit patrimonial de hasta 230 millones de dólares y una deuda total que superaba los 400 millones de dólares, mientras que los activos apenas alcanzaban los 150 millones de dólares.
Este colapso dejó a aproximadamente 4.000 inversores sin acceso a sus fondos y generó una ola de denuncias por estafa y apropiación indebida.
El contador Ricardo Giovio, contratado para evaluar la situación financiera de la empresa, calificó el modelo de negocio como un «esquema Ponzi», donde se pagaban rendimientos fijos con dinero de nuevos inversores, sin respaldo real en activos productivos.
Además, se descubrió que la empresa continuó captando inversiones incluso después del fallecimiento de uno de sus fundadores, Gustavo Basso, en noviembre de 2024. Contratos firmados en diciembre de ese año con su firma generaron sospechas de falsificación de documentos privados.
La crisis también tuvo repercusiones en el empleo: el frigorífico Casa Blanca, en Paysandú, envió a 450 trabajadores al seguro de paro debido a una deuda de 27,7 millones de dólares con Conexión Ganadera.
En respuesta, el Banco Central del Uruguay (BCU) archivó un expediente sobre los productos de la empresa, argumentando que no estaban sujetos a su regulación. Sin embargo, expertos en derecho financiero advierten que las autoridades podrían haber actuado con mayor celeridad para prevenir el colapso.
Actualmente, la justicia uruguaya investiga el caso, con la posibilidad de imputaciones penales a los responsables. Los damnificados, muchos de ellos pequeños ahorristas, exigen justicia y la recuperación de sus fondos.

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