Puerto Príncipe, Haití – En un giro sorprendente en la estrategia de combate al crimen organizado, las autoridades haitianas han comenzado a utilizar drones cargados con explosivos para enfrentar a las bandas armadas que asolan el país. Este nuevo enfoque fue puesto en práctica durante un reciente operativo en Village de Dieu, donde las fuerzas del orden atacaron un carnaval ilegal organizado por Izo, el temido líder de la banda 5 Segond.

El ataque dejó a Izo herido y ha encendido el debate sobre el uso de tecnología militar en conflictos urbanos.

El uso de estos dispositivos ha generado una mezcla de reacciones en la población.

Muchas voces aplauden esta innovación como una respuesta efectiva a la creciente violencia, mientras que los líderes de las bandas han expresado su pánico, señalando que los drones representan una amenaza sin precedentes.

Este jueves, Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», sobrevivió a un ataque similar que resultó en la muerte de varios de sus hombres, lo que ha encendido aún más el miedo entre los capos del crimen.

Los operativos con drones son coordinados por una nueva fuerza especial creada por la Oficina del Primer Ministro, y están bajo el mando de Vladimir Paraison, actual jefe de la seguridad presidencial. Paraison, que fue herido en la pierna la semana pasada durante un enfrentamiento, ha enfatizado que el uso de tecnología avanzada es fundamental para desarticular las redes criminales que han tomado el control de diversas comunidades.

Sin embargo, el uso de drones plantea cuestiones éticas y de seguridad, ya que los operativos pueden involucrar a civiles y permitir que la violencia se intensifique.

A medida que las autoridades buscan respuestas a la inseguridad en Haití, la implementación de esta tecnología podría marcar un cambio radical en la dinámica de poder entre el gobierno y las bandas armadas, cuyas acciones han dominado el noticiero durante años.

Con el futuro de la seguridad en juego, Haití se enfrenta a un escenario incierto, donde la eficacia de los drones en la lucha contra el crimen podría redefinir no solo la política de seguridad, sino también el tejido social del país.