Santo Domingo. La discusión sobre el proyecto de reglamento de aplicación de la Ley núm. 30-24 sobre Centros Logísticos y Empresas Operadoras Logísticas se perfila como uno de los debates jurídicos y técnicos más trascendentales para el futuro del sector logístico dominicano. A pocas horas del Coloquio Jurídico organizado por Russin, Vecchi & Heredia Bonetti (RVHB), el escenario reúne dos elementos que marcarán la agenda: la necesidad de dotar al país de un marco regulatorio moderno y las observaciones formuladas por el especialista en derecho aduanero Dr. Osiris Ramírez Ponce de León, quien advierte sobre posibles excesos en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
La Ley 30-24 constituye una de las principales apuestas del Estado dominicano para consolidar al país como un centro logístico regional, aprovechando su posición geográfica estratégica y el desarrollo alcanzado por sus puertos, aeropuertos, zonas francas y plataformas de comercio exterior. No obstante, como ocurre con toda legislación de alto impacto económico, su éxito dependerá en gran medida del contenido y alcance del reglamento que definirá su aplicación práctica.
Es precisamente en ese punto donde se concentra el debate.
En un análisis técnico divulgado recientemente, el Dr. Osiris Ramírez sostiene que el proyecto de reglamento trasciende la función reglamentaria tradicional al incorporar nuevas figuras jurídicas, obligaciones documentales y estructuras institucionales que, a su juicio, no encuentran respaldo expreso ni en la Ley 30-24 ni en la Ley núm. 168-21 General de Aduanas. Desde esa perspectiva, plantea que determinadas disposiciones podrían generar tensiones con principios esenciales del ordenamiento jurídico, como la reserva de ley, la jerarquía normativa, la tipicidad administrativa y la seguridad jurídica.
Sus observaciones colocan sobre la mesa una interrogante de fondo que seguramente ocupará un lugar central durante el coloquio: ¿hasta dónde puede llegar un reglamento sin alterar el alcance de la ley que desarrolla?
La respuesta reviste especial importancia porque el reglamento no solo establecerá procedimientos administrativos, sino que definirá la forma en que operarán los centros logísticos, las obligaciones de los operadores, la interacción con la Dirección General de Aduanas y la articulación con otros regímenes especiales vinculados al comercio internacional.
En ese contexto, el Coloquio Jurídico organizado por RVHB adquiere un valor que trasciende el análisis académico. Se convierte en un espacio para confrontar criterios jurídicos, evaluar el impacto económico de las disposiciones propuestas y examinar si el proyecto reglamentario mantiene el equilibrio entre la potestad regulatoria del Estado y las garantías que demanda la actividad empresarial.
Resulta previsible que uno de los principales ejes de discusión sea la incorporación de nuevos instrumentos administrativos, como el Documento de Operaciones Logísticas (DOL) y la Resolución de Preestablecimiento, cuya naturaleza jurídica ha sido objeto de cuestionamientos por parte del Dr. Ramírez. Del mismo modo, es probable que el debate se extienda a la propuesta de creación del Consejo Nacional de Logística y al alcance de sus competencias dentro del sistema institucional previsto por la legislación vigente.
Sin embargo, más allá de las diferencias de interpretación jurídica, existe un elemento sobre el que parece existir amplio consenso: la República Dominicana necesita un reglamento que proporcione certeza, facilite las operaciones logísticas y fortalezca la confianza de los inversionistas.
El desafío consiste en construir un instrumento normativo que permita modernizar la gestión logística sin introducir cargas regulatorias innecesarias, evitar duplicidades institucionales y garantizar que toda obligación impuesta a los operadores encuentre un fundamento claro en la ley.
La experiencia comparada demuestra que los países que han logrado posicionarse como plataformas logísticas internacionales lo han hecho combinando infraestructura, tecnología y, sobre todo, estabilidad regulatoria. La previsibilidad jurídica constituye uno de los factores más valorados por quienes toman decisiones de inversión en cadenas globales de suministro.
Desde esa perspectiva, el análisis presentado por el Dr. Osiris Ramírez no debe interpretarse únicamente como una crítica al proyecto reglamentario, sino como una contribución al proceso de construcción normativa. Del mismo modo, el Coloquio Jurídico representa una oportunidad para que autoridades, juristas, operadores logísticos, empresarios y académicos enriquezcan el debate con criterios técnicos que permitan perfeccionar el texto antes de su aprobación definitiva.
La implementación de la Ley 30-24 marcará una nueva etapa para la logística dominicana. La calidad de su reglamento determinará si ese proceso se traduce en un sistema más competitivo, eficiente y alineado con las mejores prácticas internacionales, o si, por el contrario, abre espacios de incertidumbre que puedan afectar la confianza de los actores del sector.
El debate que hoy se desarrolla no enfrenta dos posiciones irreconciliables. En esencia, plantea un objetivo compartido: dotar a la República Dominicana de un marco regulatorio que impulse su aspiración de convertirse en el principal hub logístico del Caribe, sustentado en principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia operativa y competitividad internacional.