Estados Unidos se prepara para acelerar una reforma aduanera que elevaría las exigencias para importadores extranjeros y ampliaría la capacidad de bloquear operaciones por incumplimiento. La regulación fue enviada por el Departamento de Seguridad Nacional a la Oficina de Administración y Presupuesto como una regla final interina, una vía que permitiría aplicarla al publicarse sin atravesar primero un proceso prolongado de comentarios públicos.
La medida desarrolla la Orden Ejecutiva 14411, firmada en junio para enfrentar subvaloración de mercancías, omisión de datos del importador, evasión de aranceles y esquemas de transbordo ilegal. Su alcance no se limita a las plataformas de comercio electrónico: afecta a fabricantes, vendedores, agentes aduanales, transportistas y empresas que actúan como importadores de registro en el mercado estadounidense.
Más requisitos para importar desde el exterior
Uno de los cambios centrales restringe el uso de procedimientos informales para mercancías de bajo valor por parte de importadores de registro extranjeros. También limita el acceso a bonos continuos para entradas formales, salvo autorización específica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En su lugar, los operadores podrían necesitar bonos por operación, activos tangibles en territorio estadounidense o trabajar mediante agentes validados por el programa C-TPAT.
La reforma exige además información adicional sobre propiedad, beneficiarios finales, afiliaciones comerciales, activos y volúmenes previstos de importación. Para las cadenas latinoamericanas y caribeñas que venden en Estados Unidos, este cambio aumenta la importancia de conocer quién figura legalmente como importador y qué documentación respalda cada entrada.
Un registro para detener operaciones
La autoridad aduanera establecería un registro centralizado de cumplimiento. Los importadores que pierdan la condición de buen historial podrían quedar impedidos de presentar entradas o de designar agentes aduanales, lo que en la práctica congelaría su capacidad para introducir mercancía. También se contemplan revisiones recurrentes, más auditorías y sanciones reforzadas.
El impacto operativo puede alcanzar los puertos. La normativa prevé acelerar decomisos, abandonos voluntarios y disposición mediante terceros. Si la aplicación no se coordina con terminales y propietarios de carga, los contenedores retenidos o abandonados podrían ocupar patios y equipos durante más tiempo. La velocidad regulatoria, por tanto, necesitará una respuesta igualmente ágil en documentación, comunicación y retiro de mercancías.
Qué cambia para exportadores de la región
Las empresas de República Dominicana, Centroamérica y el Caribe que abastecen el mercado estadounidense deberán revisar contratos y responsabilidades antes de embarcar. Un exportador puede no ser el importador de registro, pero sufrirá la interrupción si su comprador, filial o intermediario no cumple los nuevos criterios. Verificar bonos, agentes autorizados, estructura corporativa y trazabilidad de origen será parte de la gestión comercial.
También crecerá la atención sobre clasificación arancelaria, valor declarado, país de origen y cadenas de producción. Los operadores que dependen de esquemas de entrada simplificada o de estructuras sin presencia física suficiente en Estados Unidos son los más expuestos a cambios de costo y procedimiento.
La regla todavía está en revisión, pero su formato indica que la transición podría ser rápida una vez publicada. Preparar expedientes, validar socios y actualizar controles internos antes de la entrada en vigor reducirá el riesgo de cargas detenidas. En un entorno de mayor fiscalización, el cumplimiento deja de ser una tarea posterior al embarque y pasa a formar parte del diseño de la operación logística.
Fuente: Seatrade Maritime News.