Washington, D.C. — La administración del expresidente Donald Trump anunció este lunes una nueva iniciativa dirigida a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, ofreciendo un incentivo de mil dólares a quienes opten por regresar voluntariamente a sus países de origen.

La medida, presentada como parte de un enfoque más severo hacia la inmigración irregular, forma parte de un programa de autodeportación gestionado a través de la aplicación CBP Home, la cual permite a los inmigrantes registrarse voluntariamente y organizar su salida del país.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los inmigrantes que participen en el programa no serán priorizados para arresto y detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), siempre que demuestren avances concretos en su proceso de salida.

“Si estás aquí ilegalmente, la autodeportación es la forma más segura y económica de salir de Estados Unidos para evitar el arresto», afirmó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Asimismo, refirió que ahora ofrecemos asistencia financiera para el viaje y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home.

La administración republicana argumenta que esta política ofrece una salida “digna” para quienes enfrentan el riesgo de detención y deportación forzada, al tiempo que refuerza su campaña de presión contra la inmigración no autorizada.

Reversión de políticas migratorias previas

Este anuncio marca una nueva escalada en la estrategia migratoria del gobierno de Trump, que ha revertido varias normativas implementadas durante la administración Biden, las cuales limitaban los arrestos de ICE a casos de criminalidad grave, amenazas a la seguridad nacional o ingresos recientes al país.

Además de los incentivos económicos, la Casa Blanca ha advertido que los inmigrantes que no se registren para el programa podrían enfrentar enjuiciamientos, detenciones prolongadas y multas bajo las leyes federales de inmigración.

La iniciativa ha generado ya reacciones divididas entre defensores de los derechos de los inmigrantes y sectores que respaldan un mayor control migratorio, quienes consideran que este programa puede reducir la presión sobre el sistema de detención y deportación.