Ciudad Panamá, Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmó esta semana que la ocupación estatal de los puertos de Balboa y Cristóbal no constituye una expropiación, sino una medida legal destinada a asegurar la continuidad de las operaciones portuarias tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la concesión vigente.
La decisión se produce luego de que el máximo tribunal declarara inconstitucional el contrato-ley que desde 1997 permitía a Panama Ports Company —filial del conglomerado CK Hutchison— administrar ambas terminales ubicadas en los accesos del Canal de Panamá.
Una “herramienta legítima”, según el Ejecutivo
En un mensaje a la nación, Mulino fue enfático: el decreto de ocupación es una figura excepcional contemplada en la legislación panameña para garantizar la prestación de un servicio estratégico.
El Ejecutivo sostiene que la medida respeta la propiedad de los activos mientras el Estado determina su valor real y define las acciones futuras dentro de un nuevo esquema concesional.
Transición operativa bajo control estatal
Con la publicación del fallo en Gaceta Oficial, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión formal de Balboa y Cristóbal. La estrategia gubernamental contempla:
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Concesiones temporales de hasta 18 meses para operadores internacionales.
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Continuidad laboral para los trabajadores portuarios.
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Diseño de un nuevo marco competitivo de licitación para la operación permanente.
Como parte de la transición, terminales vinculadas a APM Terminals (Maersk) y Terminal Investment Limited (MSC) fueron designadas para mantener la operatividad mientras se estructura el proceso definitivo.
Impacto logístico y geopolítico
Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) son nodos clave del hub logístico panameño y del comercio interoceánico. La anulación del contrato —vigente por casi tres décadas— introduce varios efectos potenciales:
Para la cadena logística
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Se busca evitar interrupciones en transbordo y servicios feeder.
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El gobierno insiste en que “ni las operaciones ni el empleo serán afectados”.
Para los inversionistas
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CK Hutchison ha cuestionado la decisión y evalúa acciones legales.
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El caso añade incertidumbre regulatoria en concesiones de infraestructura.
En el plano geopolítico
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La disputa se da en un contexto de creciente sensibilidad sobre la influencia extranjera en activos cercanos al Canal de Panamá.
Lo que viene para el sistema portuario panameño
El gobierno panameño apuesta por convertir esta coyuntura en una oportunidad para rediseñar el modelo concesional y corregir lo que Mulino calificó como “errores del pasado”.
Entre los próximos hitos se esperan:
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Evaluación patrimonial de los activos.
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Definición del pliego para nueva licitación internacional.
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Consolidación del esquema transitorio con operadores globales.
Clave logística
Más allá del debate jurídico, el mensaje central del Ejecutivo es claro: la prioridad es la continuidad operativa del hub portuario panameño, pieza fundamental del comercio hemisférico.
Para la comunidad logística regional, el caso de Balboa y Cristóbal se perfila como un precedente relevante sobre:
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seguridad jurídica en concesiones,
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rol del Estado en infraestructura crítica,
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y resiliencia operativa en nodos estratégicos.