En la constante búsqueda por equilibrar la eficiencia del comercio exterior con la seguridad de la carga, el Puerto de Arica se ha convertido hoy en el principal punto de vigilancia frente al crimen organizado en la Macrozona Andina, Si bien el terminal es la puerta de salida clave para la producción boliviana, las recientes interrogantes sobre la fluidez de sus procesos han puesto sobre la mesa una realidad ineludible, la fiscalización es, hoy más que nunca, la prioridad del Estado.
A las voces que han manifestado preocupación por eventuales demoras, la Empresa Portuaria Arica (EPA) y el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) han respondido con datos concretos, la responsabilidad del control de carga no recae en la administración del puerto, sino que obedece a estrictos protocolos de organismos del Estado, como el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio Público.
La clave de la seguridad portuaria en Arica radica en el uso de tecnología de punta, aduanas cuenta con escáneres al interior del terminal que permiten revisiones no invasivas, activadas bajo criterios de inteligencia criminal, este proceso, aunque eficiente, puede derivar en una revisión física y análisis de laboratorio en caso de existir sospechas.
Jorge Cáceres, gerente general de EPA, explica que es precisamente este «filtro» el que otorga valor al sistema, «La capacidad de nuestros organismos para detectar sustancias ilícitas es una de las virtudes del puerto, no se trata solo de mover carga, sino de ser un eslabón seguro que prevenga el paso de ilícitos».
Cáceres añade que la meta es que estas medidas de seguridad se repliquen de forma homogénea en todos los puntos de salida del país, fortaleciendo así la seguridad portuaria nacional.