Santo Domingo, R.D. – La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB) sometió a consulta pública una propuesta de modificación al Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros, con el objetivo de fortalecer los derechos de los consumidores y promover prácticas más transparentes en el sector bancario nacional.
Esta iniciativa representa un avance significativo hacia una mayor equidad en la relación entre las entidades financieras y sus clientes, al tiempo que introduce nuevas exigencias operativas y legales para los bancos, quienes deberán adaptarse a un entorno regulatorio más estricto.
Entre los principales cambios propuestos, se destaca el fortalecimiento del control sobre el diseño y promoción de productos financieros, lo que implicará mayores filtros regulatorios para las ofertas comerciales y campañas publicitarias.
Las entidades deberán revisar internamente sus políticas comerciales y adecuarlas a los perfiles de riesgo y necesidades reales de los usuarios.
Asimismo, se plantea la obligación de suspender el cobro de montos en disputa mientras se investigan consumos no reconocidos, una medida que, aunque fortalece la protección del consumidor, también podría impactar temporalmente la liquidez de las instituciones y demandar una gestión más rigurosa de los reclamos.
El proyecto también introduce nuevos derechos para los usuarios, como el derecho a retractarse de un contrato dentro de un plazo establecido y un período de reflexión previo a la firma, lo que conlleva ajustes en los procesos comerciales, así como una mayor claridad y transparencia en la presentación de las condiciones contractuales.
Otra de las disposiciones contempla la ampliación del plazo para presentar reclamaciones ante la Superintendencia, en caso de que la respuesta de la entidad no sea satisfactoria o no se entregue en el tiempo previsto. Esto incrementa la presión sobre los departamentos de atención al cliente y cumplimiento normativo de las entidades.
De igual forma, el proyecto propone la estandarización de términos vinculados a tasas y tarifas, facilitando la comparación entre productos financieros y promoviendo una competencia más justa.
No obstante, esto también exigirá a los bancos ajustar su documentación contractual y comunicación con los clientes.
Se prohíben las cláusulas que permiten cambios unilaterales en las tasas de interés, limitando la flexibilidad financiera de las entidades, pero garantizando mayor estabilidad y previsibilidad para los usuarios.
La Superintendencia invita a la ciudadanía, entidades financieras y demás actores del sistema a participar activamente en el proceso de consulta pública, aportando sus observaciones y sugerencias sobre esta propuesta normativa, clave para el fortalecimiento del sistema financiero dominicano.