Washington, D.C. – El uso de tecnologías avanzadas para el control migratorio se ha intensificado a nivel global, con herramientas que van desde cámaras térmicas en vehículos y embarcaciones hasta sistemas de vigilancia biométrica y rastreo constante por aplicaciones móviles.

Aunque estas herramientas están pensadas para gestionar flujos migratorios, activistas y académicos denuncian que también están afectando la privacidad de ciudadanos no migrantes.

En Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) adjudicó recientemente un contrato por 30 millones de dólares a la empresa tecnológica Palantir, cofundada por el multimillonario Peter Thiel, para desarrollar un software que permita al Gobierno rastrear en casi tiempo real los movimientos de migrantes y reforzar la llamada “autodeportación”.

“Este contrato permitirá recolectar más y más información para alimentar una base de datos masiva que sirve para dirigir la maquinaria de deportación”, advierte Stevie Glaberson, directora de investigación del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown.

La experta sostiene que el ICE ha creado una red de vigilancia tan amplia que supera incluso las capacidades de agencias como el FBI, operando sin necesidad de autorizaciones judiciales.

Según una investigación de 2022, el ICE accedió a los datos del carné de conducir del 75% de la población estadounidense y pudo ubicar a tres de cada cuatro adultos por medio de facturas del hogar.

“No sólo están vigilando a migrantes; están monitoreando a adultos estadounidenses comunes. Nadie está fuera de esta red”, señala Glaberson.

El modelo estadounidense, según la experta, muestra cómo una agencia civil puede operar con un poder casi sin restricciones, convirtiéndose en una herramienta de control político bajo ciertas administraciones.