Ciudad de Panamá. — La anunciada venta de las acciones de Panama Ports Company (PPC), operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, a un consorcio liderado por la firma estadounidense BlackRock, se encuentra bajo revisión legal y enfrenta crecientes cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional.
El proceso de adquisición, que contempla el traspaso del 90% de las acciones de PPC por parte de la empresa hongkonesa CK Hutchison, ha generado reacciones divididas.
A pesar de tratarse de una empresa privada bajo régimen de concesión, las autoridades panameñas han reiterado que la operación deberá pasar por la revisión del Consejo de Gabinete, y cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución y la Autoridad Marítima de Panamá.
“Este no es simplemente un traspaso comercial, se trata de una operación que puede tener impacto estratégico y geopolítico”, señaló una fuente del gobierno que pidió reserva de identidad.
Por su parte, la empresa vendedora, con sede en Hong Kong, deberá también sortear obstáculos regulatorios en su país de origen.
Esta situación añade complejidad al proceso, que ya ha despertado tensiones diplomáticas.
El gobierno de China expresó su rechazo a la transacción, tildándola de “servilismo” y denunciando una supuesta presión por parte de Estados Unidos para reducir la presencia asiática en la región.
Desde Washington, fuentes cercanas al expresidente Donald Trump confirmaron que la operación fue promovida como parte de una estrategia para recuperar influencia en la zona del Canal de Panamá, considerado clave para el comercio mundial.
Mientras tanto, diversos sectores nacionales, incluyendo juristas, economistas y trabajadores portuarios, han solicitado una revisión exhaustiva del proceso y mayor transparencia para asegurar que los intereses del Estado y de la ciudadanía sean resguardados.