Ciudad de Panamá.- El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó la extensión por dos años del arancel aplicado al cemento gris importado, como una medida de salvaguardia orientada a proteger la industria cementera nacional, fomentar la inversión y preservar el empleo en el país.

La decisión fue adoptada en una sesión presidida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y sustentada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, junto con el viceministro de Industrias y Comercio, Eduardo Arango.

“Esta decisión brinda estabilidad, confianza y seguridad jurídica a las empresas del sector, incentivando la inversión y el mantenimiento del empleo en el país”, señaló el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La medida amplía una protección provisional de seis meses otorgada en diciembre de 2024, y responde a solicitudes presentadas por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y el sector cementero, quienes justificaron la necesidad de mantener esta salvaguarda ante una disminución en la producción y una baja utilización de la capacidad instalada.

Actualmente, Panamá cuenta con cuatro empresas cementeras —Argos, Progreso, Cemex y Cemento Chagres— tres de ellas multinacionales y una de capital nacional.

Estas compañías generan cerca de 4.800 empleos directos e indirectos, y proyectan una inversión conjunta de 100 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que podría crear 150 empleos directos y 650 indirectos adicionales.

Según el MICI, la capacidad instalada nacional es de 3,3 millones de toneladas anuales, mientras que las ventas internas en 2024 fueron de 1,2 millones de toneladas métricas, lo que evidencia que el país tiene suficiencia productiva para cubrir su demanda.

“Preservar los empleos actuales, asegurar aportes fiscales y de seguridad social, y garantizar continuidad en la inversión privada son los principales objetivos de esta decisión”, destacó el ministro Moltó.

La industria cementera aportó en 2024 más de 31 millones de dólares en salarios, generó 877 empleos directos, y realizó contribuciones por 6,6 millones de dólares a la Caja del Seguro Social y casi 2,5 millones en Impuesto Sobre la Renta.

Además, entidades como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) destacaron que el cemento producido localmente mantiene precios estables y competitivos, gracias a la oferta nacional y el entorno de libre competencia.

Por su parte, las estadísticas oficiales reflejan una caída del -9,1% en la producción nacional de cemento en 2024, y una reducción en la utilización de la capacidad instalada, del 42,1% en 2023 al 38,3% en 2024, lo que refuerza el argumento para mantener limitado el ingreso de cemento importado.