Washington D.C. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre, en el marco de una estrategia para fortalecer la producción nacional de este metal, considerado crítico para sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, la infraestructura energética, el hardware militar y la industria electrónica de consumo.

La declaración fue realizada por el mandatario durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, aunque no se especificó la fecha de entrada en vigor del posible gravamen.

Esta medida se enmarca en la investigación lanzada en febrero bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que evalúa si las importaciones de cobre representan una amenaza para la seguridad nacional.

Actualmente, Estados Unidos importa el 38% de su consumo total de cobre, dependiendo en gran medida de proveedores como Canadá y México, que en conjunto cubren el 82% del consumo anual de metales clave como cobre y aluminio, según cifras de BNP Paribas.

Si bien el objetivo de la medida es revitalizar la industria nacional, analistas advierten sobre efectos colaterales. Según Natalie Scott-Gray, analista senior de metales en StoneX:

“Los fabricantes no tendrán otra opción que trasladar los mayores costos a los consumidores hasta que la industria transformadora local haya sido debidamente reactivada”.

Daniel Morgan, analista del banco de inversión Barrenjoey, con sede en Sídney, explicó que muchas fundiciones de cobre y aluminio estadounidenses han cerrado en los últimos años y requerirían nueva infraestructura y contratos energéticos para volver a operar a gran escala.

La decisión genera cuestionamientos sobre la coherencia entre la política industrial propuesta y el impacto en los precios finales al consumidor, especialmente dado que Trump ganó la presidencia prometiendo reducir los costos internos.

Varios directores ejecutivos de empresas mineras han indicado que ya están preparando planes de contingencia frente a diversos escenarios, anticipando posibles cambios en los flujos comerciales internacionales.

El anuncio, aunque aún sin concreción legal, ya ha comenzado a generar inquietud en los mercados de metales y en la cadena de suministro industrial, especialmente en sectores donde el cobre es un insumo clave.