Washington, D.C. — La propuesta legislativa que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos ha encendido las alarmas entre comunidades migrantes y sus familias en América Latina.

Actualmente en debate en la Cámara de Representantes, la medida podría impactar directamente a más de 40 millones de personas, incluyendo tanto a migrantes indocumentados como a residentes legales.

Para muchos, como la hondureña María Lorenza Carrasco, quien lleva más de tres décadas residiendo en Florida, esta propuesta representa una amenaza directa a su capacidad para apoyar a sus seres queridos.

“Si aprueban ese impuesto, no podré enviar lo mismo. Mis hijas y mi hermano enfermo dependen de ese dinero”, expresó con preocupación.

El impacto económico de esta medida sería considerable, especialmente en países como México, Honduras y El Salvador, donde las remesas representan una porción esencial del Producto Interno Bruto (PIB).

Según datos del Banco Mundial, México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo.

Un estudio reciente de BBVA México estima que el costo de enviar 350 dólares desde Estados Unidos podría aumentar de 6 a 23,5 dólares, al sumarse este nuevo gravamen a las tarifas ya existentes.

Diversas organizaciones de derechos de migrantes han calificado la medida como “regresiva y perjudicial”, y advierten que afectaría de forma desproporcionada a las familias de bajos ingresos que dependen de estas transferencias para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud.

Mientras el debate legislativo continúa, líderes comunitarios y organizaciones humanitarias hacen un llamado a los legisladores a considerar las implicaciones sociales y económicas de la propuesta, instando a proteger los flujos de remesas que sostienen a millones de hogares en la región.