Santo Domingo, R.D.- Bajo el sol brillante y las aguas turquesas que atraen a millones de turistas cada año, se esconde una amenaza ambiental creciente: la contaminación atmosférica causada por la industria marítima.

Cruceros, petroleros y buques cargueros emiten toneladas de gases tóxicos cada día, afectando la salud de las poblaciones costeras y la biodiversidad marina de este paraíso tropical.

Aunque no siempre se ve, el humo que dejan a su paso es una mezcla de partículas finas, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂) y carbono negro.

Estos contaminantes no solo degradan la calidad del aire, sino que también alteran la química del mar, contribuyen al cambio climático y amenazan los frágiles ecosistemas caribeños.

El Caribe es una de las regiones más transitadas por cruceros en el mundo. En 2023, más de 30 millones de turistas visitaron la zona en este tipo de embarcaciones.

Las principales rutas conectan islas como Bahamas, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Santa Lucía y Barbados, y a menudo implican escalas diarias en puertos pequeños con escasa infraestructura ambiental.

“Un solo crucero puede consumir más de 100 toneladas de fuelóleo pesado por día”, explica Carlos Estevez, experto en ingeniería ambiental y exasesor del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana.

“Ese combustible genera niveles de azufre extremadamente altos, comparables a los peores escenarios industriales”.

Además de los cruceros, el Caribe es un corredor clave para el transporte de mercancías entre América del Norte, Sudamérica y Europa.

El paso por el Canal de Panamá, y los principales puertos de Cuba, Trinidad y Tobago, Haití y Jamaica, está asociado al tráfico constante de buques que utilizan combustibles fósiles pesados.

Las emisiones de los barcos afectan directamente a las comunidades costeras.

Estudios recientes han detectado un aumento en enfermedades respiratorias, especialmente en niños y personas mayores, en zonas cercanas a los puertos de San Juan, Kingston y Nassau. Pero los efectos van más allá del aire.

Los contaminantes atmosféricos se depositan sobre el océano y se disuelven en el agua, causando acidificación y alterando ecosistemas sensibles como los arrecifes de coral, los manglares y los pastos marinos.

Estas zonas no solo son hábitats esenciales para miles de especies, sino también barreras naturales contra huracanes y fuentes clave de oxígeno.

“El cambio en el pH marino afecta la reproducción del coral y la supervivencia de muchas especies marinas”, advierte la bióloga María Fernanda Lobo, del Instituto de Ecología de Costa Rica. “Estamos perdiendo arrecifes que tardaron siglos en formarse”.

A nivel internacional, la Organización Marítima Internacional (OMI) impuso en 2020 una reducción en el contenido de azufre permitido en los combustibles marinos, del 3,5% al 0,5%. Sin embargo, el Caribe aún no ha sido declarado una “zona de control de emisiones” (ECA), lo que permitiría exigir normas más estrictas en puertos y rutas marítimas regionales.

Algunos países, como Puerto Rico y Barbados, han comenzado a implementar proyectos piloto de electrificación portuaria y control de emisiones, pero la mayoría de los estados caribeños carecen de los recursos técnicos y financieros para imponer regulaciones más exigentes.

“La falta de una estrategia regional coordinada es uno de los principales obstáculos”, señala Carlos Estevez. “Mientras cada país trate el problema de forma aislada, los resultados serán limitados”.

Movimientos ciudadanos y organizaciones ambientales han comenzado a alzar la voz. Campañas como “Aire Limpio Caribe”, “Corales Sin Humo” y “Puerto Verde” buscan concienciar sobre los efectos del turismo de cruceros y presionar a los gobiernos para que adopten normas ambientales más ambiciosas.

El uso de combustibles alternativos, como el gas natural licuado (GNL) o incluso el hidrógeno verde, así como la mejora en la eficiencia energética de los buques, son opciones sobre la mesa.

Pero su implementación en la región requiere inversiones, cooperación internacional y voluntad política.

Depurar el aire del Caribe es una urgencia ambiental, pero también una oportunidad. La región, que depende en gran parte del turismo y la pesca, necesita proteger sus ecosistemas para garantizar su futuro económico y social.

A medida que el mundo avanza hacia una economía más limpia, el Caribe no puede quedarse atrás.

En palabras de María Fernanda Lobo: “No se trata de rechazar el turismo ni el comercio, sino de exigir que se hagan de forma responsable. Porque si perdemos nuestros corales, nuestras playas y nuestro aire limpio, perdemos el alma del Caribe”.