SANTO DOMINGO.- En una reciente sesión, el Pleno del Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura la modificación a la ley 36-24, la cual crea la Corporación Turística Cabo Rojo.

La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo, incluye importantes cambios en varios artículos de la ley original.

Entre los principales puntos de modificación, el artículo 6 establece que el régimen legal de la Corporación, junto con sus sociedades subordinadas y sus directores y ejecutivos, estará sujeto a la legislación nacional aplicable a las sociedades comerciales de derecho privado.

Sin embargo, esto se realiza sin perjuicio de lo que se dispone sobre el control externo en el artículo 11.

El artículo 11, por su parte, detalla que la Cámara de Cuentas será responsable del control externo de la Corporación Turística Cabo Rojo, en conformidad con la Constitución y las leyes dominicanas. Además, se prevé que esta entidad utilice el apoyo técnico de firmas de auditoría de renombre internacional para llevar a cabo auditorías y otros procedimientos de fiscalización bajo su dirección y supervisión.

Asimismo, el artículo 9 de la modificación especifica que la administración de los estatutos sociales determinará un número impar de miembros del consejo de administración, asegurando que no será inferior a tres.

Se busca que tanto la administración de la sociedad comercial como el desarrollo del proyecto serán responsabilidad de los inversionistas y gestores privados, destacando la naturaleza comercial de la Corporación.

Por último, la modificación del artículo 12 establece que las personas jurídicas y patrimonios autónomos que reciban bienes y derechos del Fideicomiso Pro-Pedernales, así como aquellos que inviertan en actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras turísticas, conservarán un tratamiento fiscal y tributario especial que incluye exenciones previstas en la legislación.

Con esta modificación, el Senado busca fortalecer la estructura y la supervisión de la Corporación Turística Cabo Rojo, promoviendo un marco legal que favorezca la inversión y el desarrollo turístico en la región.