Santo Domingo, R.D. — Los recursos que el Gobierno Central de la República Dominicana destina al pago de intereses de la deuda pública han superado con creces la inversión pública, una situación que, según expertos, compromete el crecimiento económico sostenible y amenaza la autonomía fiscal del país.

Al 13 de mayo de 2025, el Estado había destinado RD$91,158 millones solo al pago de intereses, mientras que el gasto de capital, es decir, la inversión pública en obras, infraestructura y desarrollo, ascendió apenas a RD$42,377 millones.

Esta desproporción, que se ha ido acentuando en los últimos años, coloca al país en una posición vulnerable, según el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, significando que esto supone “Un riesgo la soberanía fiscal”.

Ng Cortiñas advierte que esta tendencia revela una peligrosa dependencia del financiamiento externo e interno, como es el pago en intereses que gastos de capital demuestra menor capacidad para el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda.

Además, afirmó que esta situación limita la capacidad del Estado para diseñar y ejecutar políticas públicas en sectores clave como educación, salud, infraestructura y seguridad.

Sostiene que “Hay un riesgo creciente de pérdida de soberanía fiscal, al condicionar el presupuesto nacional a las exigencias del servicio de la deuda”.

Datos oficiales confirman la tendencia

Según la última infografía publicada por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), durante el primer trimestre de 2025 el Gobierno destinó RD$80,767.3 millones al pago de intereses, mientras que la inversión pública fue de apenas RD$28,580.7 millones, lo que implica que los intereses superaron en un 182 % a la inversión en capital.

En términos proporcionales, de un total de RD$337,879.3 millones ejecutados en gastos entre enero y marzo de este año, un 23.9 % se destinó solo al pago de intereses, mientras que la inversión pública representó apenas el 8.5 %.

Caída de ingresos fiscales agrava el escenario

A esta situación se suma una leve caída en los ingresos fiscales: el Estado recaudó RD$291,033.7 millones en el primer trimestre, lo que representa una disminución de 0.8 % (RD$2,305.6 millones) respecto al mismo periodo de 2024.

Aún más preocupante es que los ingresos quedaron muy por debajo de lo proyectado en el Presupuesto General aprobado por la Ley núm. 80-24, con un déficit del 23.4 %.

Una bomba de tiempo para la política económica

Este desequilibrio estructural entre pago de deuda e inversión pública plantea un doble desafío.

Estancamiento en desarrollo económico: sin inversión significativa en infraestructura, innovación, educación y salud, el país reduce su capacidad de crecimiento a largo plazo.

Vulnerabilidad ante choques externos: al depender del financiamiento para cubrir gastos corrientes y deuda, la economía se expone a cambios en tasas de interés, calificaciones crediticias o condiciones del mercado internacional.

A pesar de que la deuda pública puede ser una herramienta útil en momentos de necesidad, su sostenibilidad está en juego si el gasto en intereses termina desplazando las inversiones estratégicas necesarias para el desarrollo.

¿Hacia una reforma fiscal?

Frente a este panorama, crecen las voces que piden una reforma fiscal integral que permita al Estado recaudar más eficientemente, reducir la dependencia del endeudamiento y garantizar recursos para proyectos de impacto.

Sin embargo, cualquier propuesta enfrenta obstáculos políticos y sociales en un año donde la atención está centrada en la estabilidad económica y el crecimiento moderado.