Santo Domingo, RD. — A pesar de los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones en curso entre autoridades dominicanas y sus contrapartes estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado la aplicación de un arancel del 10 % sobre las mercancías originarias de la República Dominicana que ingresen a su territorio.

La medida fue ratificada mediante una nueva orden ejecutiva emitida el pasado 31 de julio de 2025 y firmada por el presidente Donald Trump, la cual actualiza las tarifas recíprocas aplicables a cerca de 70 países.

Sin embargo, la República Dominicana no figura en el Anexo I de la disposición, lo que significa que sus exportaciones continuarán sujetas al arancel adicional establecido previamente.

La orden se basa en la Orden Ejecutiva 14257, emitida el 2 de abril de 2025, que impone una tasa adicional de derechos ad valorem del 10 % a las mercancías procedentes de países no exceptuados explícitamente en los anexos de dicha legislación.

«Las mercancías de cualquier socio comercial extranjero que no esté enumerado en el Anexo I de esta orden estarán sujetas a una tasa adicional de derechos ad valorem del 10 % de conformidad con los términos de la Orden Ejecutiva 14257», establece el documento oficial de la Casa Blanca.

El presidente Trump justificó la decisión en el contexto de una emergencia nacional previamente declarada, argumentando que los persistentes déficits en la balanza comercial de bienes de EE. UU. representan una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la estabilidad económica del país norteamericano.

El arancel del 10 % representa un desafío significativo para el sector exportador dominicano, especialmente en rubros como textiles, productos agrícolas, cigarros, dispositivos médicos y otros bienes que tradicionalmente han encontrado en Estados Unidos su principal mercado de destino.

Las autoridades dominicanas han reiterado que mantienen abiertos los canales de negociación con Washington y buscan una solución que permita excluir al país de esta medida, la cual podría afectar la competitividad de sus exportaciones y el empleo en sectores clave de la economía.

Mientras tanto, se exhorta a los sectores productivos a evaluar sus estrategias comerciales ante el nuevo escenario y a explorar alternativas de diversificación de mercados y mecanismos de mitigación de costos.